Al inicio del siglo XXI, los cambios tecnológicos, sociales y culturales que ha producido la nueva era de la sociedad de la información han hecho que la sociedad civil reclame una mayor integración de la Administración Pública en su entorno. A través de las exigencias ciudadanas de transparencia, comunicación y eficacia se quiere mejorar la relación del ciudadano con la Administración y que esta satisfaga los intereses generales que tiene encomendados por mandato constitucional de una manera eficaz, eficiente, transparente y objetiva.

Las administraciones públicas europeas han iniciado procesos de modernización y reforma, por agilizar y acercar al ciudadano a la vertiente pública como estrategia de mejorar el servicio a la sociedad, y a la vez reforzar los principios democráticos que inspiran las legislaciones europeas. Este principio de subsidiariedad implica favorecer la descentralización administrativa, que la Administración más próxima al ciudadano sea la encargada de gestionar y ejecutar los diferentes servicios que prestan a la sociedad (los entes autonómicos y locales son la Administración que presta más cantidad de servicios).

La Administración actúa en un entorno con intereses contrapuestos, tiene que satisfacer a todos los actores implicados – Políticos, Gestores y Ciudadanos - y cada uno de ellos quiere obtener una respuesta del ente público adecuada a sus intereses. El ciudadano no es un simple destinatario o beneficiario de la acción administrativa, es antes de que todo un sujeto con derecho a ser informado y a participar en el ejercicio del poder, y por lo tanto, también en la actividad de la Administración.