El sindicato de la Policía Local dice que el sistema informático "sigue igual"

El control de acceso a los archivos informáticos de la Policía Local no ha experimentado ningún tipo de modificación ni ha sido reforzado, pese a la polémica del «caso Torreblanca», del que ayer se cumplió un año. El asunto, que destapó este periódico, llegó a los juzgados tras conocerse que varios agentes se construyeron chalés ilegales en la citada urbanización y, además, manipularon y eliminaron, supuestamente, diversos expedientes relativos a obras sin licencia en Torreblanca.

En contra de lo que cabría esperar, y según informó ayer el Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos de Córdoba, Siplco, «las claves para entrar en la red interna siguen siendo las mismas que entonces y, hasta la fecha, no se ha introducido ningún tipo de medida de protección de los datos nueva; al menos, que nosotros tengamos constancia», indicaron desde el colectivo.
Sin embargo, fuentes municipales aseveraron ayer todo lo contrario. «Los archivos están perfectamente resguardados; sin embargo, siempre hay gente experta en temas informáticos y capaz de burlar cualquier control».

Añadieron que «precisamente, gracias al sistema de protección el Consistorio pudo percatarse de que los ordenadores habían sido manipulados».
En cuanto a la introducción de nuevos programas para reforzar la defensa de los archivos, las mismas fuentes indicaron que «por supuesto que se adoptan de forma periódica los sistemas que ayuden a defender los datos; pero, evidentemente, es algo que no se puede airear».

El asunto, que todavía se encuentra en fase de instrucción, ha vuelto a los titulares de los medios de la mano del Partido Popular. El concejal Federico Cabello de Alba criticó el lunes la gestión en el caso del edil de Seguridad y Tráfico, José Joaquín Cuadra, y le exigió responsabilidades «independientemente de la que tienen los agentes implicados».
Según Cabello de Alba, se puso de manifiesto un «absoluto descontrol» en la protección de información que debe ser reservada, «lo que facilitó que cualquier pudiera acceder a los ordenadores de la Jefatura y modificar los datos de carácter personal», denunció.

El concejal del PP incluso dudó de que los archivos modificados «estén protegidos y registrados en el Banco de Datos». A este respecto, las fuentes consistoriales insistieron en que «existe un férreo control y los datos están perfectamente protegidos; ahora, es a la Justicia a la que le toca hablar».

Los populares anunciaron que exigirán las responsabilidades oportunas, pero todavía no han aclarado cómo lo harán hasta que terminen de analizar de forma pormenorizada el expediente del caso, que les fue remitido el pasado 5 de diciembre, después de varias negativas por parte del gobierno municipal. Y es que el PP ha tenido que recurrir a la vía judicial para tener acceso al expediente completo del caso. De hecho, el cogobierno se lo facilitó justo un día antes de que se cumpliera el plazo extrajudicial para dárselo.

fuente: ABC